La fiscal federal Laura Mazzaferri, una de las impulsoras del proyecto Bien Restituido, analiza los vacíos legales en la administración de bienes decomisados, la inspiración del modelo italiano y la necesidad de transformar estos recursos en herramientas de reparación social y fortalecimiento institucional.

Algunos barrios porteños amanecieron empapelados con llamativos afiches en favor de la ley para reutilización social de bienes decomisados a los narcos. La campaña también tuvo un cierre en Rosario, con una jornada y exposiciones de expertos.

La herramienta tecnológica generará un registro unificado de todos los bienes que han sido decomisados y cautelados por la Justicia con los datos sobre su origen y localización, su estado y costos de mantenimiento y su destino.

Libera, la red antimafia italiana, une a figuras internacionales, entre ellos el juez Casanello, vía el papa Francisco. También expondrán fiscales argentinas y el sindicalista Piumato.

El Proyecto Bien Restituido, que se presentó en el Congreso, busca administrar, preservar y reutilizar bienes cautelados, con fines sociales. Se estima que la justicia custodia hoy bienes por un valor mínimo de cien mil millones de pesos.

El juez federal es uno de los impulsores y asesores jurídicos de un proyecto de ley que consiguió el consenso de las principales fuerzas políticas en Diputados.

El pasado 28 de septiembre, referentes de organizaciones sociales, sindicatos, funcionarios, fiscales y jueces se reunieron en la Sede de Cáritas Nacional para debatir ideas en pos del impulso de una ley que establezca la administración transferente de los recursos decomisados por la justicia.

El juez federal Sebastián Casanello y otros miembros del Poder Judicial, junto a diversas organizaciones sociales, religiosas y sindicales impulsa un proyecto de ley destinado a darle un uso social a los bienes recuperados del crimen organizado.