Las organizaciones criminales se frotan las manos y confian en que las medidas del gobierno repercutan en el mercado. El Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones se encuentra a punto de cerrar por una decisión del Ministerio de Salud Nacional y los pacientes pendientes con la esperanza de seguir siendo acompañados.

Laura Bonaparte fue una psicóloga y referente en la lucha por los Derechos Humanos. La última dictadura asesinó a tres de sus hijos, sus yernos y a su compañero de vida. Laura formó parte de la organización Madres de Plazo de Mayo Línea Fundadora, impulsó la campaña internacional por la declaración como delito de lesa humanidad a la desaparición de personas y junto a Graciela Lois -referente de Familiares Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas- impidió el derrumbe y la privatización del actual Espacio de la Memoria y ex Centro Clandestino de Detención de Mecánica de la Armada (Esma).
Además de ser una referente en la lucha por los Derechos Humanos, Laura fue una profesional y se dedicó a trabajar profesionalmente por los que más sufren, por los excluidos, por los descartados. Laura partió un frío día de invierno de 2013 después de años de lucha, golpes crueles y alegrías. Partió cargada de lágrimas y sonrisas, las de la propia Laura y sobre todo las de sus pacientes. Tres años después de su desaparición física, el Estado y la sociedad reconocieron su lucha y su trabajo, colocando su nombre al único Hospital Nacional de Salud Mental.
Especializado en brindar ayuda médica, psicológica y social, el Hospital Nacional de Salud Mental Lic. Laura Bonaparte es la primera barrera de contención para las primeras víctimas del narcotráfico: los pobres que tienen problemas de consumo con las drogas y que no pueden pagar los sistemas de asistencia privados que son los más extendidos en el país. El Gobierno Nacional decidió destruir el único dique de contención a una situación social cada vez más compleja, donde los pedidos de auxilio realizados por las familias y las parroquias de los barrios populares que acompañan a las víctimas del narcotráfico se multiplican
El Estado invierte miles de millones de pesos en perseguir a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. El presupuesto de los ministerios de Seguridad y Justicia se incrementa año tras año y los fracasos de las diferentes gestiones se repiten en similar proporción: programas de prevención sobre el consumo de drogas inexistentes; espacios de recreación deportivos y culturales reducidos y a punto de desaparecer; centros de tratamiento privados con valores altísimos; y organismos del Estado dedicados exclusivamente a prevenir estas situaciones pero escasos de recursos como consecuencia de las decisiones políticas económica y el desorganizado cuerpo de leyes antiguas y burocráticas.
Cerrar el único espació de toda la estructura federal que acompaña a las personas que son víctimas de delitos federales -como el narcotráfico- no es el camino correcto. El Gobierno puede celebrar la reducción de los homicidios en Rosario, el decomiso de toneladas de cocaína y marihuana que iban a pasar por la Argentina y tenían como destino Europa y Asia, pero si no se logra la construcción de una nueva política, que se sostenga en el tiempo y que se concentre en la reducción de la demanda y en la inclusión de los descartados, los recursos y el tiempo siempre resultarán escasos.
La lucha contra el crimen organizado y en particular el narcotráfico cambió. Ahora además de intentar encarcelar a los miembros de las organizaciones criminales, la Justicia se dedica a recuperar las riquezas que los mercaderes de la muerte acumulan y los devuelve al Estado. Lamentablemente el Estado Nacional administra esos bienes con una ley que cumplió 50 años y que tiene fallas de origen y funcionamiento.
Actualmente el Estado tiene a su cargo más de 700.000 millones de pesos en casas, departamentos, campos, autos, camiones, camionetas, barcos, aviones, joyas, etc. que se están echando a perder y que ocasionan gastos de mantenimiento, seguro y custodia todavía mucho más grande. Es importante el dinero de los contribuyentes que el Estado malgasta en una política ineficiente, pero son las oportunidades de trabajo y de reparación del daño lo que todos estamos perdiendo. Desde mayo, en el Congreso de la Nación se encuentra presentado un proyecto de ley que tiene la firma y el apoyo de casi 50 diputados de casi todos los bloques (UXP - PRO - La Libertad Avanza - UCR - Innovación Federal - Hacemos Coalición Federal - Buenos Aires Libre) que promueve la administración eficiente de los bienes.
En términos generales, la ley plantea la creación de un único registro de bienes -en la actualidad hay tres que no coinciden-, con una serie de prácticas y destinos preestablecidos como instituciones del Estado dedicadas a cuidar y acompañar a las víctimas del crimen organizado, las fuerzas de seguridad y la Justicia dedicadas a combatir al crimen organizado y a las organizaciones de la sociedad civil -capillas, sinagogas, mezquitas, clubes de barrio, fundaciones, cooperativas, etc.- que con su trabajo previenen que nuevas personas sean víctimas de las organizaciones criminales.
El proyecto Bien Restituido es un proyecto que tiene en el centro a la personas y a las instituciones en donde las personas buscan el refugio perdido, lugares como el Hospital Laura Bonaparte, en donde las personas se recuperan, en donde el bien común es el objetivo superior y en donde el sentido de luchar contra el narcotráfico se vuelve real.
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